Residencia accidental y Creación de un Establecimiento Permanente durante la crisis del COVID-19.
Residencia accidental y Creación de un Establecimiento Permanente durante la crisis del COVID-19.

Como consecuencia de la situación actual que se vive en el mundo, analizamos a continuación el caso de personas naturales que, en forma transitoria, estaban trabajando como empleados de una empresa residente de otro Estado, en un país diferente al de su residencia. En particular, nos referiremos a aquellos que no han podido regresar a su país de origen producto de la pandemia por COVID 19 y de la declaración de cuarentena en el segundo país. La pregunta que se plantea es si en dicho caso, en virtud de las normas vigentes en un Convenio de Doble Imposición vigente entre esos dos países, se adquiere la residencia fiscal en el país de la fuente, según lo dispone el Artículo 5 Nª 3 del mencionado convenio. 

Respecto de este caso, las administraciones tributarias podrían tomar una posición formalista y aplicar literalmente el Convenio y establecer que cada vez que una persona natural, que realiza un trabajo por cuenta de una empresa de servicios ubicada en el exterior y sin base fija en el otro país, y que sobrepasa el plazo de 183 días en cualquier periodo de doce meses, constituiría para la empresa de servicios, un establecimiento permanente en el otro país, independientemente de las circunstancias en que ello ocurre, como sería la pandemia.

Sin embargo, existen diferentes formas de resolver este aparente conflicto, mediante la aplicación de las reglas establecidas en los propios convenios. En efecto, las normas contenidas en el artículo 4 del Convenio Modelo de la OCDE, que ha servido de base para muchos tratados vigentes, establece las reglas de residencia, que consagra el principio general el que una persona puede ser residente sólo de un Estado a la vez. Para partir con el análisis se deben aplicar en primer lugar, las normas domésticas de cada Estado. Si se aplicare la norma chilena sobre residencia, nos encontraríamos con la misma norma indicada en los convenios, esto es, la regla de más de 183 días de permanencia en un periodo cualquiera de doce meses, por lo que habría que recurrir a otras normas complementarias para resolver el conflicto.

En este sentido, la Secretaría de la OCDE emitió una carta técnica, el 3 de abril de este año, estableciendo ciertos criterios que sirven de guía para resolver este conflicto de residencia. Una primera idea es que dicha Secretaría piensa que la realización de actividades económicas de una empresa desde el domicilio esporádico de un empleado en el otro Estado, de forma intermitente y excepcional, como resultado de hecho extraordinario como el COVID 19, no significa necesariamente que dicho domicilio esté a disposición de la empresa. Para que dicha empresa genere un establecimiento permanente en el otro Estado, debe existir habitualidad y continuidad en el uso de los medios disponibles, con carácter general y no exepcional, como sería el caso en comento. El hecho que un empleado de la empresa deba quedarse físicamente en un domicilio de emergencia, no significa que dichos medios estén a entera disposición de la empresa empleadora. “El cambio excepcional y temporarrio de ubicación donde los empleados ejercitan su empleo producto de la crisis COVID-19, al igual que el trrabajo desde la casa, no debería crear un nuevo EP para el empleador”[1]

rum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

La OCDE en su análisis señala que el hecho que un individuo obligatoriamente deba permanecer en un lugar durante la crisis del COVID-19, se trataría del  resultado de una Directiva o instrucción gubernamental, por lo tanto, se trata de una fuerza mayor y no un requerimiento de la empresa empleadora.

Como consecuencia de lo anterior, el análisis de la Secretaría de la OCDE alienta a las administraciones tributarias a emitir instrucciones y guías en relación a la aplicación de las normas internas sobre residencia en orden de minimizar o eliminar gravosas o indebidas requerimientos para los contribuyentes que se enuentren en lasituación bajo análisis, en el contexto de la crisis del COVID-19.

 

[1] OECD SECRETARIAT ANALYSIS OF TAX TREATIES AND THE IMPACT OF THE COVID-19 CRISIS© OECD 2020